Consternada y enfurecida se encuentra la comunidad de El Bordo-Patía, Cauca, tras la muerte de Juan Camilo Ruiz, un joven de 23 años de edad, que ingresó al Hospital Nivel 1 de la localidad a las 2:30 p.m. del día lunes 03 de junio de 2024 con un cuadro de fiebre y por causas que son materia de investigación, murió.
Consternada y enfurecida se encuentra la comunidad de El Bordo-Patía, Cauca, tras la muerte de Juan Camilo Ruiz, un joven de 23 años de edad, que ingresó al Hospital Nivel 1 de la localidad a las 2:30 p.m. del día lunes 03 de junio de 2024 con un cuadro de fiebre y por causas que son materia de investigación, murió.
Foto: Proceso de paz entre el Gobierno y el ELN.
A través de un comunicado el Comando Central del ELN, máxima instancia de esta guerrilla aseguró que, si el Gobierno cumple todos los acuerdos, será el mejor indicativo para dejar atrás el congelamiento en que se encuentra la mesa de conversaciones. Que pese a los incumplimientos su delegación firmó el primer punto de la agenda relacionado con la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz.
Luego de 14 intentos, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó con 93 votos a favor, el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia.
Los pupitres sirvieron de refugio para un grupo de niños de la Institución Educativa Técnica Agrícola de Suárez, en el norte del Cauca.
Los estudiantes oraron y entonaron cánticos a Dios mientras afuera, un grupo de ilegales detonaba un artefacto explosivo contra la estación de Policía del municipio.
Así lo aseguraron los organizadores de este importante evento, que se realizó en la Casa de la Moneda, William Campiño, Diputado del Departamento del Cauca y presidente de la Comisión de Paz, Ética y Derechos Humanos; el Padre Otón Avendaño Palechor, Presbítero de la Arquidiócesis de Popayán, Iglesia Católica; y Pastor Diego Galíndez, enlace para Asuntos Religiosos del municipio de Popayán.
En medio de los escándalos de corrupción que enlodan al Gobierno, el presidente Gustavo Petro emitió una directiva que obliga a los ministerios, departamentos administrativos y entidades del sector central de la rama ejecutiva a reportar cualquier caso de corrupción a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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